Estado Social: la oportunidad de un nuevo trato

En estos doce meses se han puesto en evidencia las fortalezas y fragilidades de nuestro Estado. Durante el estallido social vimos la incapacidad de garantizar estándares mínimos de seguridad, particularmente desde el Poder Ejecutivo. Teniendo todos los recursos disponibles y excepción constitucional, con FFAA y un despliegue total de policías, no fue capaz de gobernar.

En consecuencia, se ordenó a las policías actuar con toda la fuerza para recuperar el orden político. La fuerza pública fue incapaz de hacer su trabajo sin una represión que terminara en violaciones a los DDHH y brutalidad.

Paradójicamente, la llegada de la pandemia se transformó en un tanque de oxigeno para volver a gobernar. Este alivio transitorio permitió que el Estado creciera en gasto, endeudamiento y despliegue, viviendo una revalorización. Poderes como el Legislativo ganaron un nuevo protagonismo. Sin embargo, volvimos a presenciar su incapacidad para enfrentar crisis profundas. El Estado no dio el ancho, llegando no sólo tarde, sino que de manera insuficiente. La derrota más grande se vivió cuando las personas tuvieron sacar de sus propios ahorros previsionales para evitar caer por un barranco.

Los debates sobre expansión o contracción del Estado suelen estar marcados por ideologías, adjudicándole de manera superficial, virtudes y defectos en base a su tamaño. Quienes abogan por su contracción, esgrimen razones que van desde las libertades, el dinamismo de los mercados o la eficiencia. Mientras que quienes piden más, suelen creer que su tamaño determina los grados de protección de la influencia del mercado e incluso los niveles de protección social. Lamentablemente, si bien tocan elementos centrales, la evidencia muestra que ninguno se sostiene por sí mismo y terminan por desplazar las cuestiones de fondo que tienen que ver con para qué necesitamos al Estado, cómo este logra legitimidad, eficiencia y dar certezas.

Estos meses nos han dado lecciones profundas sobre estos elementos y condiciones. Pero se requiere de un Estado Social sin complejos y lejos de fantasmas, de una modernización real, mejores capacidades y eficiencia en el gasto con recursos que hoy no están disponibles y que en gran parte dependen de la carga tributaria. Con todo, es necesario perderle el miedo a debatir sobre el rol de sus instituciones, incluido el Banco Central y el Tribunal Constitucional. El proceso constituyente será el espacio. En todos, el capital tiene una oportunidad para depositar confianza en el Estado por medio de acciones concretas.

Para lo primero, debe apoyar un sistema tributario responsable y de mayor carga que permita mejor gasto público, cambios sobre impuestos a las herencias del patrimonio, un nuevo royalty a los principales recursos naturales y regulaciones razonables a las ganancias del capital financiero. Lo segundo, terminando con los discursos del terror que intentan frenar los cambios y perder el miedo en la gente para abrazar el momento histórico. Urge, entonces, que de una vez por todas participen de diálogos abiertos, con actores, intereses y visiones diversas, saliendo del pantano de conversaciones que hasta ahora mantienen sólo con sus círculos cercanos y particularmente con la derecha.

La calidad del Estado que tendremos depende en gran parte de lo que ocurra o no durante el proceso constituyente. No sólo hay demasiado en juego para las vidas de quienes habitan y habitarán en este espacio nacional compartido, sino que, además, es una oportunidad como pocas para que los actores privados y el capital se hagan parte de este nuevo trato.